1. La acusación, en general

Se acusó a Samuel Doria Medina de, en su condición de Ministro de Planificación, entre 1991 y 1993, haber concedido un crédito de 21 millones de dólares para la creación de la entidad sin fines de lucro Fundación para la Producción (FUNDA-PRO) como parte de la negociación de condonación de la deuda contraída por Bolivia con Estados Unidos para financiar el proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS) y otras actividades estatales, deuda que ascendía a 361 millones de dólares. Se señaló que este préstamo: a) adolecía de insuficiente respaldo legal, b) implicó una pérdida económica para el Estado, por las condiciones que se dio a FUNDA-PRO, c) entregó recursos públicos a un grupo privado en el cual supuestamente participaban “amigos suyos (de Doria Medina), socios políticos y socios económicos”. Lo que se intenta mostrar es que Doria Medina actuó para beneficiarse personalmente y para beneficiar a otros.

Como veremos, la proposición acusatoria no demuestra ninguna de estas tres aseveraciones. No valora el fondo del asunto, mucho menos las intenciones de los actores, se limita a buscar irregularidades formales, hace sugerencias antojadizas que no prueba, y pasa por alto el contexto histórico en el que se producen los hechos, en particular el desplome del sistema financiero público en su conjunto (por su mala gestión y la entrega politizada de créditos a particulares que inmediatamente entraban en mora) y el muy significativo hecho de que en esa época no existía la industria micro financiera que posteriormente FUNDA-PRO ayudaría a construir, y que por tanto, a diferencia de lo que ocurre ahora, esta actividad no solo no era un negocio rentable, sino que no era un negocio en absoluto.

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