Alcances de la proposición acusatoria de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y la Capitalización 1989-2000

(7 puntos que demuestran que se trata de un absurdo legal y lógico)

 La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y la Capitalización 1989-2000, creada por la mayoría de la Asamblea Legislativa (MAS) en respuesta a la investigación realizada por Samuel Doria Medina sobre el programa “Evo Cumple”, ha cumplido su propósito político elaborando una proposición acusatoria en contra del líder de la oposición. Como demostraremos en este documento, esta acusación constituye un absurdo lógico y legal.

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1. La acusación, en general

Se acusó a Samuel Doria Medina de, en su condición de Ministro de Planificación, entre 1991 y 1993, haber concedido un crédito de 21 millones de dólares para la creación de la entidad sin fines de lucro Fundación para la Producción (FUNDA-PRO) como parte de la negociación de condonación de la deuda contraída por Bolivia con Estados Unidos para financiar el proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS) y otras actividades estatales, deuda que ascendía a 361 millones de dólares. Se señaló que este préstamo: a) adolecía de insuficiente respaldo legal, b) implicó una pérdida económica para el Estado, por las condiciones que se dio a FUNDA-PRO, c) entregó recursos públicos a un grupo privado en el cual supuestamente participaban “amigos suyos (de Doria Medina), socios políticos y socios económicos”. Lo que se intenta mostrar es que Doria Medina actuó para beneficiarse personalmente y para beneficiar a otros.

Como veremos, la proposición acusatoria no demuestra ninguna de estas tres aseveraciones. No valora el fondo del asunto, mucho menos las intenciones de los actores, se limita a buscar irregularidades formales, hace sugerencias antojadizas que no prueba, y pasa por alto el contexto histórico en el que se producen los hechos, en particular el desplome del sistema financiero público en su conjunto (por su mala gestión y la entrega politizada de créditos a particulares que inmediatamente entraban en mora) y el muy significativo hecho de que en esa época no existía la industria micro financiera que posteriormente FUNDA-PRO ayudaría a construir, y que por tanto, a diferencia de lo que ocurre ahora, esta actividad no solo no era un negocio rentable, sino que no era un negocio en absoluto.

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2. Qué era FOCAS y cómo se financiaba?

FOCAS nació en julio de 1986, mediante el Convenio EEUU-Bolivia 511-0573/511-T-071 (en adelante: “Convenio de 1986”). Era un proyecto financiado por la ayuda norteamericana al desarrollo (USAID y PL-480) que, por medio de préstamos y donaciones, formó el “Fondo de Crédito para la Producción” con el propósito de “expandir el crédito a favor de los segmentos sociales marginados del mismo o que estaban insuficientemente atendidos por razones de liquidez, ubicación geográfica u otras circunstancias desventajosas”. Dentro de este propósito general, FOCAS tenía el más específico de “proveer créditos que ayuden al desarrollo y financiamiento de la agroindustria… en áreas secundarias de Bolivia” y era administrado por las unidades crediticias financieras de las corporaciones regionales de desarrollo, que eran los “brazos técnicos” de las prefecturas. FOCAS contaba con 15 millones de dólares de préstamo y 3,5 millones de dólares de donación, además de una pequeña contraparte del Gobierno de Bolivia, que actuaba a través del Ministerio de Planificación.

Entre 1986 y 1991 el Gobierno de EEUU desembolsó el préstamo y la donación, los cuales se canalizaron al público a través de las corporaciones, con resultados negativos, ya que de inmediato se produjo mora.

Las decisiones –cambios, nuevas especificaciones– sobre el proyecto FOCAS, igual que sobre los demás proyectos con apoyo estadounidense, se tomaban a través de “enmiendas” (al Convenio de 1986) y “cartas de implementación” (del proyecto FOCAS) firmadas entre USAID y la contraparte boliviana, en este caso el Ministerio de Planificación, en representación de las corporaciones de desarrollo. Esto ocurría ordinariamente con toda la cooperación norteamericana.

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3. ¿Por qué el Convenio de 1986 no se aprobó con una ley?

Los préstamos y proyectos realizados conjuntamente con la cooperación norteamericana tenían como referente el Convenio Marco firmado entre los gobiernos de EEUU y Bolivia en 1957, cuando comenzó la llamada “Alianza para el Progreso”.

En todo caso, el Convenio se firmó, sin ley del Congreso, en 1986, es decir, cuando el Ministro de Planeamiento no era Samuel Doria Medina, quien solo llegó al puesto en 1991.

A pesar de eso, cada una de las participaciones de Doria Medina en la toma normal de decisiones del proyecto (a través del procedimiento normal, que era el de las enmiendas a los convenios y las cartas de implementación de los proyectos) es observada por la Comisión porque no existe una ley que respalde el Convenio de 1986. La Comisión acusadora no toma en cuenta que así se contrataba normalmente los préstamos estadounidenses, sobre la base del Convenio Marco que nuestro país firmó con EEUU en 1957. Pero sobre todo no considera que cuando Doria Medina asumió como Ministro el préstamo ya se había desembolsado y ya se encontraba en manos de los prestatarios privados bolivianos; tampoco que ya se habían elaborado y firmado varias enmiendas y cartas de implementación de FOCAS con anterioridad. En otras palabras, de una manera completamente sesgada, no nota que Doria Medina actuó, de acuerdo a los procedimientos usuales, sobre un hecho dado, que además no era responsabilidad suya.

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4. Condonación del préstamo y acciones para crear FUNDA-PRO

Hacia fines de 1991, el Gobierno de Estados Unidos decide condonar (perdonar) un conjunto de créditos que tenía con Bolivia, entre ellos el que se había destinado a FOCAS. La condonación asciende a 361 millones de dólares y se verifica el 23 de agosto del año mencionado. En el marco de esa negociación, USAID planteó que un monto parecido a la cartera de FOCAS, que Estados Unidos estaba condonando, sirviera para crear una institución privada sin fines de lucro, a través de un préstamo del Estado. Aunque esta condición de USAID y otras que esta agencia hizo no aparecen expresamente en el convenio de condonación del préstamo, por las razones diplomáticas que son de uso, estuvo presente en la negociación de la condonación de la deuda y fue aceptada por el Gobierno boliviano en calidad de condición del prestamista. El propósito de este condicionamiento era mantener la política de promoción del microcrédito que se materializó con FOCAS.

Como ministro de Planeamiento, Doria Medina, si quería ver realizada la condonación de la deuda de Estados Unidos, debía aprobar todos los instrumentos necesarios para llevar a buen puerto y realizar completamente la ejecución del préstamo y de las medidas necesarias para lo que se llamó la “institucionalización del proyecto FOCAS” (y su continuidad a través de una institución sin fines de lucro).

Esto implicó la participación de Doria Medina en:

  • La carta de implementación 87 del 13 de agosto de 1991. (Diez días antes de la condonación de la deuda con EEUU).
  • La enmienda 10 al Convenio de 1986 aprobada el 18 de septiembre de 1992.
  • La Resolución Suprema 211183 que reconoce la personalidad jurídica de FUNDA-PRO el 20 de agosto de 1992.
  • El contrato de préstamo con FUNDA-PRO del 8 de octubre de 1992.
  • La complementación al contrato de préstamo con FUNDA-PRO del 21 de junio de 1993.
  • La resolución del Consejo Nacional de Planificación que recomienda el decreto supremo 23632, el cual consolida la institucionalización de FOCAS y sería aprobado por el siguiente Gobierno.

La Comisión hace acusaciones específicas sobre algunas de estas actuaciones, las cuales refutaremos más adelante. Además, observa todas ellas en conjunto por tres motivos:

  1. Por razones formales insignificantes que aquí no vale la pena discutir, como que en un testimonio faltaba el carnet de uno de los firmantes, o que un documento se hizo sin que otro estuviera aun protocolizado por un notario.
  2. Por obligar a FOCAS, en ese momento todavía existente, a ayudar a la constitución de FUNDA-PRO, para que pudiera constituirse como un Banco para la Producción (que era el proyecto original). Esta observación de la Comisión tiene carácter ideológico. Si se saca la ideología, resulta natural que, puesto que la decisión que había tomado el Gobierno de entonces era aceptar la condición de USAID para condonar la deuda, las reparticiones públicas hicieran todo lo necesario para que esta condición se cumpliera. Es lo mismo que pasa ahora cuando se pone a las reparticiones públicas a apoyar a las organizaciones sociales, se les compra sedes sociales, etc.; también en este caso se pone al Estado en función de un privado, pero por razones que convienen al propio Estado (aunque las mismas ser disputadas desde una perspectiva ideológica, no legal).

Por permitir que “USAID decida los destinos de los recursos del Estado”, lo que olvida que era USAID la que había dado estos recursos, que el único otro camino que en ese momento le quedaba al país era pagar lo que le adeudaba a Estados Unidos, algo que no estaba en condiciones de hacer.

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5. La idea detrás de la creación de FUNDA-PRO

Lo que se acuerda entre USAID y el Gobierno boliviano es que los recursos de FOCAS se condonen, de modo que dejen de ser una carga para el Estado, y que la experiencia de FOCAS no se pierda, dando surgimiento a una entidad privada sin fines de lucro, que se dedique a democratizar el crédito, tal como primero quería hacer aquella. En ese momento, las micro finanzas eran una actividad de alto riesgo, que el sector privado no ponía realizar sin apoyo estatal. Con esta operación (de 21 millones de dólares) se garantizaría la condonación (de 361 millones de dólares).

Así que se decidió que USAID y la CAF auspiciaran la formación de esta entidad privada, cuyos directivos serían elegidos por estas dos instituciones y por el Gobierno de Bolivia. Ninguno de ellos obtendría ganancias por su participación en esta fundación, denominada FUNDA-PRO, porque toda fundación, como recuerda la propia Comisión acusadora, “afecta un patrimonio privado con fines sociales”. ¿Cuál es el patrimonio privado que FUNDA-PRO afectaba? La institución –y en cierta medida sus miembros– se comprometían a pagar un crédito equivalente a la cartera de FOCAS, que finalmente ascendió a algo más de 21 millones de dólares, lo que han hecho cumplidamente hasta ahora.

Por tanto, la formación por parte de FUNDA-PRO de un Banco para la Producción, con fines de lucro, que también era parte de la idea original –y que escandaliza a la Comisión acusadora–, tenía que hacerse con otros créditos y con la participación de otras instituciones financieras, no con el préstamo estatal, que, según el contrato, no podía generar lucro.

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6. El carácter de FUNDA-PRO

FUNDA-PRO se constituyó como una fundación, y en esa condición fue reconocida su personalidad jurídica. El proyecto diseñado por el Gobierno y USAID para dar nacimiento a esta institución incluía que formara un Banco de la Producción. Para ello debía contar con más recursos además del préstamo estatal generado a cambio de la condonación por Estados Unidos de la cartera de FOCAS (que como hemos dicho no podía generar lucro). Para hacerlo, FUNDA-PRO convocó a todas las ONG financieras que comenzaban a existir en ese momento (entre ellas a PRODEM, de la que hablaremos más adelante) y elaboraron un proyecto de formación de un banco, el que sin embargo fracasó. Por tanto, el Banco para la Producción no existió nunca. Así que FUNDA-PRO nunca tuvo propósitos de lucro. Todas las apreciaciones de la Comisión sobre estos asuntos tienen el carácter de divagaciones sobre hechos que no sucedieron.

Debido a que FUNDA-PRO no logró convertirse en banco, tuvo que limitarse a dar créditos a otras instituciones financieras, es decir, realizó una actividad financiera “de segundo piso”. Esto ayudó significativamente al despegue de la industria micro financiera, que con el correr del tiempo se convirtió en uno de los más pujantes y originales sectores económicos del país. FUNDA-PRO se convirtió en una de las más importantes instituciones micro financieras del país. Hasta el día de hoy trabaja abiertamente y bajo escrutinio público. En cambio, si hubiera sido el “producto de un hecho de corrupción”, como se pretende, no estaría funcionando legalmente, con todas sus cuentas en orden, y contribuyendo al crecimiento de la economía nacional.

La Comisión acusadora cuestiona una y otra vez con qué respaldo legal operó FUNDA-PRO. Su visión es la muy limitada del formalismo burocrático. La verdad es que FUNDA-PRO trabajó como las demás ONG financieras que aparecieron en los años 90, es decir, bajo el amparo de la Constitución, que garantiza la libertad de todos los ciudadanos para conceder préstamos, y de las normas que se fueron estableciendo durante esta época, en algunos casos con cierto retraso, para regular un fenómeno completamente nuevo, que fue el del boom micro financiero. En todo caso, dar esta explicación no constituye una responsabilidad de Doria Medina, sino de la propia FUNDA-PRO.

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7. La gran pregunta que falta: ¿cómo se benefició Doria Medina de este “contrato lesivo al Estado”?

Se supone que alguien delinque a causa de algún móvil, esto es, para beneficiarse de alguna manera. En los hechos de corrupción, normalmente el móvil es económico. Encontrar este móvil es el gran problema de la Comisión acusadora contra Doria Medina. La Comisión no tuvo forma de probar, ni siquiera de indicar (excepto con apreciaciones antojadizas, es decir, completamente subjetivas), la forma en que la creación de FUNDA-PRO benefició a Samuel Doria Medina.

  1. En primer lugar, porque FUNDA-PRO, lo repetimos una vez más, es una fundación sin fines de lucro.
  2. En segundo lugar, porque no desapareció ni se esfumaron sus beneficios, sino que sigue allí, con su patrimonio intacto.
  3. En tercer lugar –y más importante–, porque Doria Medina no tuvo nada que ver con el funcionamiento de FUNDA-PRO luego que dejara el Ministerio de Planeamiento. Doria Medina ha sido un empresario industrial y de servicios, sin vinculación con los negocios financieros.
  4. En cuarto lugar, porque si este fuera un hecho de corrupción, esto significaría que complotaron en él altos funcionarios de dos gobiernos distintos, el de Jaime Paz y el de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no eran precisamente aliados entre sí. ¿Esto es verosímil? El único indicio con cierto aspecto de objetividad que puede mostrar la Comisión es el hecho de que PRODEM estuviera cerca de participar en el banco que iba a formar FUNDA-PRO – algo que al final no se concretó–. PRODEM fue fundada por Gonzalo Sánchez de Lozada y otros empresarios vinculados a él. En su desesperación por aprovechar esta pista, la Comisión pasa por alto el pequeño detalle que, sin embargo, PRODEM era una ONG, sin fines de lucro, pública, etc. Y no solo olvida este asunto crucial, sino que trata de negarlo afirmando que PRODEM pertenecía a COMSUR, la empresa del ex presidente Sánchez de Lozada, lo que es imposible, ya que, como es muy fácil de probar, se trataba de una ONG (y las ONG no tienen dueño). Pero, además, ¿por qué Doria Medina delinquiría para beneficiar a su rival político? Y, si el verdadero objetivo de toda esta maquinación era beneficiar a PRODEM, ¿por qué finalmente no se organizó el banco en el que esta institución debía participar? Preguntas sin respuesta, porque el MAS, huérfano de argumentos en su gran cruzada contra el “vende patria” Doria Media, ha tenido que acusarlo de una operación que nadie en su sano juicio va a considerar otra cosa que normal, transparente, y buena para el país.

En quinto lugar, porque queda pendiente, en la proposición acusatoria, que se pruebe o que al menos se dé una pista, de quiénes son los “amigos, socios políticos y socios económicos” de Doria Medina que formaron parte de FUNDA-PRO.

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8. Respuesta del gobiernos de Estados Unidos sobre el tratamiento del proyecto FOCAS

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